Sociedad Schuepbach Energy LLC

02/12/2022

El Consejo Constitucional ha sido requerido el 24 de junio de 2013 por el Consejo de Estado (decisión n° 367893, de 12 de julio de 2013) en las condiciones previstas en el artículo 61-1 de la Constitución, sobre una cuestión prioritaria de constitucionalidad planteada por la Sociedad Schuepbach Energy LLC, relativa a la conformidad con los derechos y libertades garantizados por la Constitución de los artículos 1 y 3 de la ley n° 2011-835, de 13 de julio de 2011, por la que se prohíbe la exploración y la explotación de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos mediante fractura hidráulica y se derogan los permisos exclusivos de las prospecciones que comporten proyectos en los que se utilice esta técnica.

 

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL

 

Vista la Constitución;

 

Visto el Decreto legislativo n° 58−1067, de 7 de noviembre de 1958, modificado, por el que se aprueba la Ley orgánica sobre el Consejo constitucional;

 

Vista la Ley n° 2011-835, de 13 de julio de 2011, por la que se prohíbe la exploración y la explotación de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos mediante fractura hidráulica y se derogan los permisos exclusivos de las prospecciones que comporten proyectos en los que se utilice esta técnica;

 

Visto el Código del Medio Ambiente;

 

Visto el reglamento de 4 de febrero de 2010, sobre el procedimiento seguido ante el Consejo Constitucional para las cuestiones prioritarias de constitucionalidad;

 

Vista la demanda en intervención Realizada en nombre de la Región Rhône-Alpes por la SELARL1 Antelis Coïc Romi Asociados, abogados del colegio de Lyon, registrada el 25 de julio de 2013, junto con la decisión del Consejo constitucional de inadmisión de dicha demanda, de 2 de agosto de 2013, la demanda en intervención realizada en nombre de la Región Île-de-France y del Departamento de Seine-et-Marne por la SELARL Huglo Lepage y Asociados Asesoramiento, abogados del colegio de París, registrada el 30 de julio de 2013, junto con la decisión del Consejo constitucional de inadmisión de dicha demanda, de 2 de agosto de 2013, la demanda en intervención realizada en nombre de la asociación “de defensa del medio ambiente y del patrimonio de Doué y municipios circundantes”, el “movimiento nacional de lucha por el medio ambiente” y el Sr. Jean-François DIRRINGER, por la SELARL Huglo Lepage y Asociados Asesoramiento, abogados del colegio de París, registrada el 30 de julio de 2013, junto con la decisión del Consejo constitucional de inadmisión de dicha demanda, de 2 de agosto de 2013, la demanda en intervención realizada en nombre del Sr. José BOVÉ par la SCP2 Waquet, Farge, Hazan, abogados ante el Consejo de Estado y la Corte de casación, registrada el 31 de julio de 2013, junto con la decisión del Consejo constitucional de inadmisión de dicha demanda, de 2 de agosto de 2013, la demanda en intervención realizada en nombre de las Sras. Sylviane BAUDOIS, Martine DAURES, Marie CHIORRI y Sonia TORREGROSSA, y de los Sres. Nicolas DAURES, Cyril DARNIS, François FAVRE, Christophe MIGNON y Stéphane LINOU, por la SELARL Christophe Lèguevaques Abogado, abogados del colegio de París, registrada el 31 de julio de 2013, junto con la decisión del Consejo constitucional de inadmisión de dicha demanda, de 2 de agosto de 2013, la demanda en intervención realizada en nombre de las Sras.  Sylviane BAUDOIS, Martine DAURES, Isabelle LEVY y Sonia TORREGROSSA, de los Sres.André BORG, Nicolas DAURES, François FAVRE, Christophe MIGNON y Stéphane LINOU, y de la asociación “Vivir bien en el Gers”, por la SELARL Christophe Lèguevaques Abogado, abogados del colegio de París, registrada el 5 de agosto de 2013, junto con la decisión del Consejo constitucional de inadmisión de dicha demanda, de 7 de agosto de 2013, y la demanda en intervención realizada en nombre del Departamento de Ardèche por Helios Abogados, abogados del colegio de Lyon, registrada el 2 de septiembre de 2013;

 

Vistas las alegaciones en intervención realizadas por la asociación “Francia Naturaleza Medio Ambiente”, registradas los días 5 y 29 de agosto de 2013;

 

Vistas las alegaciones en intervención realizadas en nombre de la asociación “Greenpeace Francia” por la SCP Faro y Gozlan, abogados del colegio de París, registradas el 5 de agosto de 2013;

 

Vistas las alegaciones realizadas en nombre de la sociedad demandante por el letrado Sr. Marc Fornacciari, abogado del colegio de París, registradas el 6 de agosto de 2013;

 

Vistas las alegaciones del Primer Ministro, registradas el 6 de agosto de 2013;

 

Vistos los documentos presentados y que acompañan el expediente;

 

Habiendo sido oídos en audiencia pública el letrado Sr. Marc Fornacciari, en nombre de la sociedad demandante, el letrado Sr. Stéphane Le Briero, abogado del colegio de París, en nombre de la asociación “Francia Naturaleza Medio Ambiente”, el letrado Sr. Alexandre Faro, abogado del colegio de París, en nombre de la asociación “Greenpeace Francia” y el Sr. Thierry-Xavier Girardot, designado por el Primer Ministro, el 24 de septiembre de 2013;

 

Habiendo sido oído el ponente;

 

SOBRE LA ADMISIÓN DE LAS INTERVENCIONES:

 

1. Considerando que, en virtud del artículo 6, apartado 2, del Reglamento de 4 de febrero de 2010, antes citado: “Cuando una persona que justifique un interés especial presente alegaciones en intervención relativas a una cuestión prioritaria de constitucionalidad, en el plazo de tres semanas desde su transmisión al Consejo constitucional, mencionada en página web del mismo, éste decidirá que se le envíen el conjunto de las actuaciones del procedimiento y que sus alegaciones sean transmitidas a las partes y a las autoridades mencionadas en el artículo 1, concediéndoles un plazo para responder. En caso de urgencia, el Presidente del Consejo constitucional ordenará esta transmisión”;

 

2. Considerando que las asociaciones “Francia Naturaleza Medio Ambiente” y “Greenpeace Francia” justifican un interés especial para intervenir en el procedimiento de examen de la presente cuestión prioritaria de constitucionalidad; que estas intervenciones han sido admitidas por el Consejo constitucional;

 

SOBRE EL FONDO:

 

3. Considerando que, en virtud del artículo 1 de la Ley de 13 de julio de 2011, antes citada: “En aplicación de la Carta del Medio Ambiente de 2004 y de los principios de acción preventiva y de corrección, previstos en el artículo L. 110-1 del Código del Medio Ambiente, la exploración y la explotación de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos mediante perforaciones seguidas de fractura hidráulica de la roca quedan prohibidas en el territorio nacional”;

 

4. Considerando que, en virtud del artículo 3 de la Ley de 13 de julio de 2011, antes citada:

“I. – En el plazo de dos meses a contar desde la promulgación de la presente ley, los titulares de permisos exclusivos de prospección de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos remitirán a la autoridad administrativa que haya otorgado el permiso un informe en el que se precisen las técnicas empleadas o previstas en el marco de sus actividades de prospección. La autoridad administrativa hará público dicho informe.

II. – Si los titulares de los permisos no remiten el informe prescrito en el apartado I o si dicho informe menciona el recurso, efectivo o eventual, a perforaciones seguidas de fractura hidráulica de la roca, les permisos exclusivos de prospección afectados serán revocados.

III. – En el plazo de tres meses a contar desde la promulgación de la presente ley, la autoridad administrativa publicará en el Diario Oficial la lista de los permisos exclusivos de prospección revocados.

IV. – El hecho de proceder a una perforación seguida de fractura hidráulica de la roca sin haberlo declarado a la autoridad administrativa en el informe previsto en el apartado I será castigado con un año de prisión y 75.000 euros de multa”;

 

5. Considerando que, según la sociedad demandante, las disposiciones del artículo 1 de la Ley de 13 de julio de 2011 vulnerarían la igualdad ante la ley así como la libertad de empresa e infringirían el principio de precaución consagrado por el artículo 5 de la Carta del Medio Ambiente; que las disposiciones del artículo 3 de la Ley de 13 de julio de 2011 atentarían contra la garantía de los derechos y contra el derecho de propiedad; que, en definitiva, el conjunto de las disposiciones impugnadas contravendrían el principio de conciliación de las políticas públicas con la protección y puesta en valor del medio ambiente, el desarrollo económico y el progreso social, consagrado por el artículo 6 de la Carta del Medio Ambiente;

 

En lo que relativo a la alegación sobre la vulneración del principio de igualdad ante la ley:

 

6. Considerando que, según la sociedad demandante, al prohibirse el recurso a cualquier procedimiento de fractura hidráulica de la roca para la exploración y la explotación de las minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos, mientras que dicho procedimiento de fractura hidráulica de la roca sigue estando autorizado para la geotermia, el artículo 1 de la Ley de 13 de julio de 2011 vulnera el principio de igualdad ante la ley;

 

7. Considerando que el artículo 6 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 dispone que la ley “debe ser igual para todos, tanto en lo que protege, como en lo que castiga”; que el principio de igualdad no se opone a que el legislador regule de manera diferente situaciones diferentes, ni a que establezca excepciones a la igualdad por razones de interés general, siempre que, en uno u otro caso, la diferencia de trato resultante esté directamente relacionada con el objeto de la ley que la establezca;

 

8. Considerando que, en el estado actual de la técnica, los procedimientos de perforación seguida de fractura hidráulica de la roca aplicados para la prospección y la explotación de hidrocarburos difieren de los que se aplican para estimular la circulación del agua en los reservorios geotérmicos, tanto por el número de perforaciones necesarias como por la naturaleza de las rocas sometidas a la fractura hidráulica, así como por las características y las condiciones de utilización de los productos añadidos al agua a presión que se emplea en la fractura; que, por consiguiente, al limitar el alcance de la prohibición únicamente a las perforaciones seguidas de fractura hidráulica de la roca utilizadas en la exploración y la explotación de las minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos, el legislador ha tratado de forma diferente procedimientos distintos de prospección y de explotación de recursos mineros;

 

9. Considerando que, al prohibir cualquier utilización de la fractura hidráulica de la roca para la prospección y la explotación de hidrocarburos en el territorio nacional, el legislador tenía la intención de prevenir los riesgos que se derivan para el medio ambiente de este procedimiento de prospección y de explotación de hidrocarburos; que de los trabajos preparatorios se extrae igualmente que el legislador ha considerado que la fractura hidráulica de la roca que se utiliza para estimular la circulación del agua en los reservorios geotérmicos no provoca los mismos riesgos para el medio ambiente y que ha pretendido no obstaculizar el desarrollo de la explotación de los recursos geotérmicos; que, de esta forma, la diferencia de trato entre los dos procedimientos de fractura hidráulica de la roca que se deriva del artículo 1 está en relación directa con el objeto de la ley que la establece;

 

En lo que relativo a la alegación sobre la vulneración de la libertad de empresa:

 

10. Considerando que la sociedad demandante alega la existencia de una vulneración de la libertad de empresa que resultaría de la prohibición de llevar a cabo perforaciones seguidas de fractura hidráulica de la roca;

 

11. Considerando que al legislador le está permitido introducir limitaciones a la libertad de de empresa, cuyo reconocimiento deriva del artículo 4 de la Declaración de 1789, las cuales han de estar vinculadas con exigencias constitucionales o justificadas por el interés general, a condición de que no conlleven una vulneración que resulte desproporcionada en relación con el objetivo perseguido;

 

12. Considerando que la prohibición de llevar a cabo perforaciones seguidas de fractura hidráulica de la roca para la prospección y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional es una prohibición general y absoluta; que tiene como efecto no sólo el de obstaculizar el desarrollo de la prospección de hidrocarburos “no convencionales”, sino también el de proseguir con la explotación de hidrocarburos “convencionales” mediante este procedimiento; que al prohibir la utilización de perforaciones seguidas de fractura hidráulica de la roca para el conjunto de las prospecciones y explotaciones de hidrocarburos, las cuales están sometidas a un régimen de autorización administrativa, el legislador ha perseguido un fin de interés general de protección del medio ambiente; que la restricción que se introduce de esta manera para la prospección y la explotación de hidrocarburos, como resultado del artículo 1 de la Ley de 13 de julio de 2011, no posee, en el estado actual del conocimiento y de la técnica, un carácter desproporcionado en relación con el objetivo perseguido;

 

En lo que relativo a la alegación sobre la contravención de los artículos 2, 16 y 17 de la Declaración de 1789:

 

13. Considerando que, según la sociedad demandante, al prever la revocación de los permisos exclusivos de prospección de hidrocarburos que habían sido expedidos legalmente a sus titulares, el artículo 3 de la Ley de 13 de julio de 2011 ha vulnerado el derecho a que se respeten las situaciones legalmente adquiridas, garantizado por el artículo 16 de la Declaración de 1789, así como el derecho de propiedad de los titulares de permisos exclusivos de prospección;

 

14. Considerando que, en virtud del artículo 16 de la Declaración de 1789: “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada y la separación de poderes no esté establecida carece por completo de Constitución”; que el legislador vulneraría la garantía de los derechos si atentase contra situaciones legalmente adquiridas sin que dicho ataque estuviese suficientemente justificado por una razón de interés general;

 

15. Considerando que la propiedad es uno de los derechos del hombre consagrados por los artículos 2 y 17 de la Declaración de 1789; que en virtud del artículo 17: “Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente constatada, lo exija de modo evidente y con la condición de que haya una indemnización justa y previa”; que, aun cuando no se produzca una privación del derecho de propiedad en el sentido de dicho artículo, se deriva del artículo 2 de la Declaración de 1789 que las vulneraciones de este derecho deben estar justificadas por una razón de interés general y deber guardar proporcionalidad en relación con el objetivo perseguido;

 

16. Considerando, en premier término, que el apartado I del artículo 3 impone nuevas obligaciones declarativas a los titulares de permisos exclusivos de prospección de hidrocarburos en el plazo de dos meses a contar desde la promulgación de la Ley de 13 de julio de 2011; que, por otra parte, el artículo 1 de esta misma ley prohíbe, desde su entrada en vigor, cualquier empleo de la fractura hidráulica de la roca para la exploración de hidrocarburos líquidos o gaseosos; que, al prever que los permisos exclusivos de prospección de hidrocarburos sean revocados cuando sus titulares no satisfagan las nuevas obligaciones declarativas o cuando declaren que están empleando o tienen la intención de emplear perforaciones seguidas de fractura hidráulica de la roca, el apartado II del artículo 3 extrae las consecuencias de las nuevas reglas introducidas por el legislador en relación con la exploración y la explotación de hidrocarburos líquidos o gaseosos; que, al hacer esto, el apartado II del artículo 3 no atenta contra una situación legalmente adquirida;

 

17. Considerando, en segundo término, que las autorizaciones de prospección minera, concedidas por la autoridad administrativa en perímetros definidos y por una duración limitada, no pueden asimilarse a bienes objeto de un derecho de propiedad para sus titulares; que, por consiguiente, las disposiciones impugnadas no suponen ni una expropiación, en el sentido del artículo 17 de la Declaración de 1789, ni una vulneración contraria al artículo 2 de la Declaración de 1789;

 

En lo que relativo a la alegación sobre la contravención de los artículos 5 y 6 de la Carta del Medio Ambiente:

 

18. Considerando que, según la sociedad demandante, la prohibición del recurso a cualquier procedimiento de fractura hidráulica de la roca para la exploración y la explotación de las minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos, establecida por el artículo 1 de la Ley de 13 de julio de 2011, infringe el principio de precaución consagrado por el artículo 5 de la Carta del Medio Ambiente; que tanto dicha prohibición, como la revocación de los permisos exclusivos de prospección de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos, prevista por el artículo 3 de la Ley de 13 de julio de 2011, infringirían igualmente el artículo 6 de la Carta del Medio Ambiente, que impone la conciliación de las políticas públicas con la protección y la puesta en valor del medio ambiente, el desarrollo económico y el progreso social;

 

19. Considerando, de una parte, que, en virtud del artículo 6 de la Carta del Medio Ambiente: “Las políticas públicas deben promover un desarrollo sostenible. Con este fin, deben conciliar la protección y la puesta en valor del medio ambiente, el desarrollo económico y el progreso social”; que esta disposición no establece un derecho o una libertad constitucionalmente garantizados; que su infracción no puede, por si misma, fundamentar una cuestión prioritaria de constitucionalidad, sobre la base del artículo 61-1 de la Constitución;

 

20. Considerando, de otra parte, que en virtud del artículo 5 de la Carta del Medio Ambiente: “Cuando la realización de un daño, aunque incierto según los conocimientos científicos, pueda afectar de manera grave e irreversible al medio ambiente, las autoridades públicas, en aplicación del principio de precaución y en el ámbito de sus competencias, se encargarán de la puesta en marcha de los procedimientos de evaluación de los riesgos así como de la adopción de medidas cautelares y proporcionadas a fin de prevenir la realización del daño”; que, de cualquier modo, resulta inoperante la alegación según la cual la prohibición permanente del recurso a cualquier procedimiento de fractura hidráulica de la roca para la exploración y la explotación de las minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos infringiría el principio de precaución;

 

21. Considerando que, por todo lo anteriormente visto, las disposiciones de los artículos 1 y 3 de la Ley de 13 de julio de 2011, que no infringen ningún otro derecho o libertad garantizados por la Constitución, deben ser declaradas conformes con la Constitución,

 

DECIDE:

 

Artículo 1º.- Los artículos 1 y 3 de la ley n° 2011-835, de 13 de julio de 2011, por la que se prohíbe la exploración y la explotación de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos mediante fractura hidráulica y se derogan los permisos exclusivos de las prospecciones que comporten proyectos en los que se utilice esta técnica, son conformes con la Constitución.

 

Artículo 2.- La presente decisión será publicada en el Diario oficial de la República francesa y notificada en las condiciones previstas en el artículo 23-11 del Decreto legislativo de 7 de noviembre de 1958, antes citado.

 

Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión de 10 de octubre de 2013 en la que estaban presentes: el Sr. Jean−Louis DEBRÉ, Presidente, el Sr. Jacques BARROT, las Sras. Claire BAZY MALAURIE y Nicole BELLOUBET, los Sres. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL y la Sra. Nicole MAESTRACCI.

 

Publicada el 11 de octubre de 2013